Un día como hoy, un año atrás, Luis Abinader levantó su mano en el salón de la Asamblea Nacional para juramentarse como presidente de la República Dominicana. Tuvo intentos fallidos para conseguir esa posición y, cuando la asumió, ha sido en un tiempo complejo: una pandemia global.
Trescientos sesenta y cinco días después, Abinader ha logrado conducir al país en medio del COVID-19, mantener la estabilidad económica -pese a un alto endeudamiento- y goza de una buena tasa de aprobación entre la población votante.
Pero a Abinader, de 54 años y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la vida presidencial todavía le exige más. A su gobierno le faltan tres años, de acuerdo a la Constitución. Al comenzar el segundo, son muchos los retos que afrontará junto a los demás funcionarios que lo acompañan en la administración del país.
Abinader, el político
En materia política, el presidente enfrenta altas y bajas, principalmente por las presiones en reclamo de empleos de sus compañeros de partido, la falta de consenso entre sus legisladores y el gran reto de fortalecer su figura rumbo al escenario electoral del 2024.
El gobernante arriba a su primer año de gestión todavía recibiendo solicitudes de puestos laborales. Algunas les llegan en inauguraciones y actividades a las que asiste, en las que se observan personas entregándole cartas y fólderes.
El pasado 9 de agosto, decenas de personas aprovecharon la presencia del mandatario en una rueda de prensa en el auditorio de la Policía Nacional, para entregarle fólderes, que fue compilando en sus manos y finalmente llevó consigo.
Meses antes, el 13 de abril, un hombre aprovechó un acto del Ministerio de Educación, y que estuvo encabezado por Abinader, para vociferar a todo pulmón: “¡Presidente!, ¡yo tengo una pregunta!: ¿y los perremeístas para cuándo?”. Aludía a los empleos para los militantes del PRM.
Además de los empleos, el jefe del Estado ha tenido que lidiar con las desavenencias de sus legisladores en la aprobación de determinados proyectos de leyes, incluidos los remitidos por el Poder Ejecutivo. Esa situación lo motivó a celebrar encuentros con los congresistas para armonizar la agenda legislativa con el Ejecutivo y decidir las prioridades a dar a las iniciativas de leyes.
Sin embargo, el mayor desafío político que habrá de enfrentar será preservar la popularidad del Gobierno, evitar el desgaste de su figura ante la opinión pública y fortalecer al PRM. Esos factores serían vitales ante una eventual reelección presidencial.La salud más allá del COVID-19
En el gobierno de Abinader, el Ministerio de Salud Pública tiene una amplia agenda de temas pendientes por afrontar, más allá de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.
A decir del gremialista y pasado presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, la gestión de la salud en el país debe enfocarse en atender la histórica falta de equipos, personal y medicamentos.
Roa estima en más de 15,000 los médicos desempleados que –entiende– deberán ser incorporados al sistema para poder atender la demanda de servicios en los hospitales públicos.
Para eso –dice– el Gobierno debe aumentar el presupuesto del sector. Revive el viejo reclamo de que el sector salud pase del 2.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) que recibe actualmente, al 5 % establecido por ley. También, deberá mejorar la distribución de esos recursos, dado que más del 60 % se destina a la gestión del agua y pago de personal.
Otro aspecto que deben tomar en cuenta las autoridades, conforme plantea Roa, es que la salud dominicana no requiere de intermediarios. Cree que deben sacar las administradoras de seguros de salud (ARS) del servicio y mejorar los centros de atención primaria.
“Lo que se requiere es un sistema de atención primaria fuerte, que permite prevenir las otras enfermedades”, dice el galeno, quien también destaca la necesidad de que se invierta en investigación, en infraestructura física y en un sistema informático capaz de enlazar a toda la red sanitaria.
En una entrevista reciente, el propio presidente Abinader declaró que uno de los grandes temas pendientes que tiene es dotar al país de un sistema de salud como el pueblo se merece.
Reconoció que la inversión está muy por debajo de lo que debe ser, pero aseguró que la irán aumentando, pues ese sector es uno de las 12 reformas que impulsa su gestión.
Como parte de un máster plan que –dijo– han diseñado, ya tienen en licitación unas 75 ambulancias para la creación de un sistema interurbano, así como la construcción de cinco hospitales regionales que brinden servicios de salud especializados que actualmente no existen en las zonas seleccionadas.
En lo inmediato, sin embargo, uno de los principales retos que tienen las autoridades de Salud Pública es lograr completar la meta de 7.8 millones de personas inoculadas que contempla el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
En mayo pasado, el Ministro de Salud, Daniel Rivera, estimaba que para agosto podrían haber llegado a esa cifra, pero a la fecha, solo 4.4 millones han completado su esquema de dos dosis, y sigue pendiente una tercera dosis de refuerzo que solo se han aplicado poco más de 519,000 personas.
Revertir el golpe pandémico a la educación
Luego de un año escolar inédito producto de la pandemia, en que el Gobierno hizo una enorme inversión económica para garantizar el acceso a la educación de 1.8 millones de estudiantes del sector público, al pasar balance se registró una fuerte deserción escolar, punto de mira en el que deberá enfocar su accionar para revertirla.
Producto de la falta de conectividad, de dispositivos y, en menor escala, de aparatos de televisión y de radio, miles de estudiantes no pudieron tomar clases, por lo que el sistema educativo dominicano tiene un reto: hacer un esfuerzo mayor para retener a los alumnos en las aulas, para no ahondar las brechas existentes.
Otro desafío en el que deberán enfocarse las autoridades es el de la calidad de los aprendizajes, que ya era una materia pendiente del sistema educativo dominicano. En ese sentido, el Ministerio de Educación, en el próximo año escolar que se inicia en septiembre, contempla realizar planes de nivelación, que es una especie de repaso con los estudiantes de todos los grados.
Dotar a los alumnos de los libros de texto necesarios para los aprendizajes también está pendiente. A la fecha no se ha convocado a licitación luego de que el Consejo Nacional de Educación aprobó la bibliografía de textos para las diferentes áreas en los niveles inicial y primario.
La reparación de la infraestructura escolar para que los centros educativos tengan agua, electricidad, un sistema sanitario adecuado y que estén pintadas y limpias, sigue en agenda. También, que cuenten con todo su mobiliario y equipamiento y estén debidamente ornamentadas. A julio de este año, de acuerdo al ministro Roberto Fulcar, se habían reparado 2,300.
En la educación superior el tema de la deserción es mayor, y con el riesgo de que los jóvenes se inserten al mercado laboral y no retornen a las universidades. Hasta el momento no se conocen las medidas que las autoridades del Ministerio de Educación Superior implementarán para revertirlo.
Seguridad: un reto viejo vigente
“Ni me canso, ni me cansan”, ha sido la frase repetida en distintos escenarios por el presidente Abinader al hablar de los retos que tiene su gobierno y la persistencia que -dice- mantendrá en procura de mejorar la seguridad ciudadana.
En esa materia, los desafíos que tiene por delante se centran en extender a todo el país la Estrategia Integral de Seguridad “Mi país seguro”, que actualmente solo se aplica como piloto en el barrio Cristo Rey del Distrito Nacional, pero que se proyecta alcanzar a todo el territorio dominicano y culminar una reforma de la Policía Nacional estancada desde hace varios años.
Sobre “Mi país seguro”, que se ejecuta desde junio pasado, la principal apuesta es recuperar las armas de fuego en manos de la población, de las cuales hay registradas 238,000, pero solo 50,000 renuevan su estatus cada año ante el Ministerio de Interior y Policía, sumadas a las que no tienen ninguna documentación.
La aplicación de “Mi país seguro” contempla una inversión inicial de RD$296 millones, de los que el 83 % está destinado a la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar y el 13 % restante a la capacitación de agentes de la Policía Nacional. Consta también de una serie de programas sociales que deben realizarse.
En torno a la reforma integral de la Policía Nacional, el mandatario ha asumido la tarea de profesionalizarla, equiparla y mejorar los salarios de los miembros de esa institución, aspectos que son parte de los temas que aborda una comisión creada para esos fines mediante el Decreto 211-21, el cual establece un año como plazo para cumplir esos cometidos, del que han transcurrido cuatro meses.Mejorar el transporte y el servicio de agua con grandes promesas
El presidente Abinader se ha propuesto desarrollar un Plan de Movilidad Urbano para implementar proyectos masivos de transporte, creando “una red metropolitana pública vinculada con servicios alternativos regulados”.
El Gobierno tiene por delante cumplir con las cuantiosas inversiones prometidas para la extensión y ampliación del Metro de Santo Domingo, la construcción de un teleférico para Los Alcarrizos, un monorriel para Santiago y un tren ligero para Santo Domingo.
También, se intentará replicar en otras rutas el modelo del Corredor Núñez de Cáceres, donde fueron sustituidos los carros de concho por autobuses.
El 18 de junio, el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 389-21 la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana para diseñar, construir y desarrollar proyectos de transporte masivo urbano e interurbano, bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia.
La administración de Abinader, además, puso en manos del Consejo Económico y Social el “Compromiso Nacional para un Pacto del Agua”, con el que se propone intervenir todas las variantes del tema hídrico nacional en los próximos 15 años, incluyendo la construcción de obras por más de US$8,500 millones.
Dependerá del avance del diálogo la consecución de un Pacto del Agua, aunque estará en manos del Gobierno empezar a construir decenas de obras, al menos durante los tres años que le queda a la actual gestión. La continuidad de los planes quedará en el terreno de futuras administraciones a partir del 2024.
El Pacto del Agua implica la construcción de alcantarillas para el manejo de las aguas residuales de las principales ciudades del país, actualmente depositadas en el subsuelo, la construcción de decenas de presas, hidroeléctricas, sistema de riego por bombeo y redes de distribución del líquido.
Mantener la “justicia independiente”
Al Gobierno le esperan retos judiciales en sus años venideros. Luego de la designación de Miriam Germán como procuradora general de la República, casos importantes de corrupción han sido sometidos ante los tribunales, provocando el envío a prisión de exfuncionarios y empresarios inculpados en entramados para desfalcar el erario público.
Con la mayoría de los acusados en prisión de los casos Operación Coral, Operación Medusa, y Operación 13, el desafío del gobierno radica en que el Ministerio Público pueda culminar estos procesos con una condena.
Además, la sociedad está vigilante del desenlace del caso Odebrecht, el cual tomó nuevos bríos tras el cambio de autoridades del Ministerio Público.
Otro de los desafíos tiene que ver con expedientes de presunta corrupción que se anunciaron bajo investigación, pero hasta el momento todavía no se han producido sometimientos. Algunos ejemplos en este sentido lo constituyen los casos de presunta corrupción en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), las investigaciones sobre irregularidades en la Cámara de Cuentas (Operación Caracol) y las investigaciones sobre presuntas irregularidades en Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo.
Para hacer frente a todas estas exigencias, también el Gobierno debe afrontar las solicitudes de un mayor presupuesto, tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial. Reclamos frecuentes que no han sido atendidos.El desafío de consensuar importantes leyes
El Congreso Nacional, con miras al próximo periodo legislativo 2021-2022, deberá lograr consenso para importantes proyectos de leyes como los códigos Penal, Civil y Procesal Civil, la que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de Aguas y sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos.
Asimismo, el Senado y la Cámara de Diputados deberán lograr criterios unificados sobre los proyectos de leyes de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamiento humano (orgánica), el Referendo Consultivo, la Ley de Valores, el Comercio Marítimo y el que modifica el artículo 8 de la Ley 2569, de 1950, de Impuestos sobre sucesiones y donaciones. Ésta última, a fin de que las Administradoras de Fondos de Pensiones puedan devolver esos recursos a los familiares de los afiliados fallecidos.
Entre otras iniciativas prioritarias figuran las leyes orgánicas de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, de la Cámara de Cuentas y de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana.
Asimismo, la Ley de Cheques, de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social, el Código Electoral, de Debates Electorales y la que daría competencia a los juzgados de paz ordinarios sobre las actas del estado civil y derogaría la ley que crea el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La que debería ser una meta prioritaria del Congreso Nacional y se mantiene como una tarea pendiente de muchos años es cumplir con su rol constitucional de fiscalizar y servir de contrapeso al accionar del Poder Ejecutivo. La mayoría congresual del partido oficial podría ser un gran obstáculo para lograr esa meta.
No obstante, en la reciente rendición de cuentas del presidente del Senado, Eduardo Estrella, este mencionó entre los trabajos pendientes la instalación de la Oficina de Seguimiento y Evaluación, que reforzaría el rol de fiscalizador de ese hemiciclo.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, secundó recientemente una propuesta del diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, en el sentido de lograr que las comisiones permanentes cumplan con su rol de fiscalizar.
En esa ocasión Rodríguez puso como ejemplo la aprobación de una gran cantidad de préstamos millonarios, a los que entienden deben darse seguimiento desde las esferas congresuales.Economía: entre deudas
Para su segundo año, el presidente Abinader y su equipo del sector eléctrico tienen una tarea fundamental: la reducción de las pérdidas de las empresas distribuidoras (EDE), un sector que ha sido catalogado como un “barril sin fondo”.
Las tres compañías acumulaban, en promedio, un nivel de pérdida de 33.4 % hasta el pasado junio. Solo este año, el Gobierno informó que deberá destinar RD$59,000 millones para el subsidio eléctrico.
Además de continuar la recuperación del turismo -impactado de forma negativa por el COVID-19-, el despegue turístico en la región sur, mediante la ejecución de obras públicas y de hoteles a través de alianzas público privadas, es otra de las promesas que deberá desarrollar el gobierno.
En términos macroeconómicos, el control de la inflación es una de las principales dificultades que tendrá que sortear el jefe del Estado.
Los precios de los bienes y servicios en el país desde el pasado febrero han estado influenciados por el costo de las materias primas de productos como el maíz, la soya y el sorgo, entre otros, en los mercados internacionales, y por las alzas en los combustibles, que llevaron la inflación interanual hasta el pico de 10.48 % el pasado mayo.
Para economistas, este es el momento adecuado para que se inicie una reforma fiscal integral. “Esta reforma puede permitir un incremento saludable de los ingresos del Estado y, al mismo tiempo, necesita una extraordinaria calidad del gasto”, indicó Henri Hebrard.
Explicó que la reforma fiscal integral debe atacar los ingresos, gastos, activos y pasivos, y aseguró que la consecuencia de esa reforma debe estar consignada en el presupuesto del próximo año 2022.
A la par con esta reforma, se necesitan reformas a la seguridad social en tres aspectos: pensiones, salud y seguro de desempleo. Además, está la parte laboral y salarial.
De acuerdo al economista Haivanjoe Ng Cortiñas, los retos inmediatos son mejorar la calidad del gasto público, detener el déficit fiscal, el aumento de la deuda pública, combatir el tipo de cambio sobrevaluado y propiciar la disminución de la emisión de los certificados financieros del Banco Central.
Agregó que, en términos de precios, es importante que el Gobierno logre controlar la tasa de inflación. La interanual se coloca en 7.08 % de enero a julio, pero la acumulada está en 4.57 %, y aunque ha bajado en las últimas semanas la tasa de inflación, el economista indicó que el costo de la canasta básica familiar nacional ha aumentado: ha pasado de RD$36,300 a RD$38,625, es decir, un incremento de RD$2,325.
Niza Campos, Tania Molina, Yamalie Rosario, Ramón Rodríguez, Joaquín Caraballo, Wander Santana, Pablo García, Balbiery Rosario, Socorro Arias y Mariela Mejía contribuyeron con esta historia.
